Dos comisarios de la Policìa Federal investigados por presunto "cohecho" en la causa por el derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara, que provocó la muerte de dos personas, fueron pasados a disponibilidad y serán llamados a indagatoria.

Se trata de las ex autoridades de la comisaría 25 entre 2007 y 2010 Rodolfo Nicolás Cabezas y Luis Eduardo Acosta, a quienes la Sala Séptima de la Cámara del Crimen ordenó indagar en un fallo firmado a fines del año pasado.

El pase a disponibilidad fue dispuesto el 6 de enero pasado por el jefe de la Policía Federal, Román Di Santo.
 
El 10 de setiembre de 2010 un entrepiso de Beara cedió por exceso de público y deficiencias de construcción, causando la muerte de las jóvenes Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20.

En mayo de 2011 el fiscal de la causa, Andrés Madrea, informó por escrito al ministerio de Seguridad la investigación que estaba llevando a cabo sobre supuestas coimas a policías, incluyendo los nombres de comisarios y subcomisarios supuestamente involucrados.

La investigación derivó en el fallo de la Cámara, que dispuso las indagatorias por los presuntos delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público, homicidio culposo agravado y cohecho pasivo".

La lista de indagados incluye también a los policías Osvaldo Gustavo Bachmann, Guillermo Adolfo Erdman, Julio Alfredo Gonzalez, Claudio César Lorenzo y Gustavo Fabián Lombardo.

La mayoría de ellos fueron ascendidos en los últimos años, en algún caso en más de una oportunidad, pese a la investigación a la que estaban sometidos.

La Cámara del Crimen confirmó a principios de enero que el boliche Beara fue habilitado de manera irregular por el pago de sobornos de los empresarios a funcionarios públicos y presuntamente también a policías.

"El pacto venal se ha acreditado a través de las constancias informáticas, de las que surge que, dentro del presupuesto de Beara, hubo de contemplarse el pago de dinero en concepto de lo que vulgarmente se denomina 'cometa' a fin de obtener la habilitación del local", determinó la resolución.

"Dentro del planeamiento de Beara se tenía previsto el pago ilícito de dinero y dado que, a pesar de las clausuras dispuestas contemporáneamente, se otorgó la habilitación, existe un plexo probatorio suficiente", sostuvo el fallo.

La Sala Séptima del tribunal confirmó los procesamientos del ex jefe del Departamento Esparcimiento Norberto Cassano, del inspector Carlos Gabriel Mustapich y de los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Iván Andrés Fliess y Ronaldo Fliess.

También de los gestores de las habilitaciones Leandro Camani y Matías Pantarotto, del arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones Isaac Rasdolsky, y del maestro mayor de obras Gustavo Amaru, quien habría avalado la construcción derrumbada.

La Cámara, además, revocó los sobreseimientos del ex jefe de Habilitaciones del gobierno porteño Martín Farrell y del ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas, quienes volvieron a quedar imputados por los presuntos sobornos que desembocaron en las muertes de las dos jóvenes.