Nueve efectivos del Servicio Penitenciario Federal fueron detenidos como acusados de haber torturado a dos jóvenes que se encontraban detenidos en 2007 en la cárcel de Ezeiza cumpliendo prisión perpetua. Por la pena impuesta a esos detenidos cuando eran menores y por no haberse investigado este castigo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había condenado en 2013 a la República Argentina por considerar que se había incurrido en una grave violación a los derechos humanos.

Según informó la Procuración General de la Nación, la detención de los penitenciarios fue ordenada ayer por el juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santamarina, tras un pedido del fiscal Sergio Mola y de su par de la Procuradurí­a de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba. Los detenidos son el entonces inspector de servicio de la Unidad Residencial II, Rubén Oscar Constantin; el encargado de requisa Jorge Enrique Puppo; el auxiliar de requisa Ví­ctor Darí­o Salto; los ayudantes de tercera Dante de Jesús González y José Inocencio Porcel; los ayudantes de cuarta Sergio Orlando Butof y Sergio Hernán Giménez y los ayudantes Mauro Daniel Cafferata y Pablo Andrés Jara.

La detención de ocho de ellos, que seguían trabajando en el mismo penal, fue efectuada por la Policí­a de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en diferentes lugares del conurbano bonaerense, mientras que Porcel fue apresado en Santiago del Estero porque actualmente se desempeñaba en la Unidad Penal 35 de Colonia Pinto. En marzo, los fiscales habí­an pedido la detención de los nueve efectivos tras haber requerido en julio de 2014 la reapertura del caso, el cual había sido cerrado poco después de los hechos, en enero de 2008.

El 14 de mayo de 2013, la CIDH condenó a la Argentina "por las violaciones de derechos humanos cometidas al haber impuesto penas de privación perpetua de la libertad a cinco personas por delitos cometidos durante su infancia". Además, se declaró al Estado "responsable internacionalmente porque los códigos procesales penales aplicados en los casos de dichas personas no permití­an una revisión amplia de sus juicios por un juez o tribunal superior". Según la acusación, las torturas se cometieron la noche del 9 de diciembre de 2007 cuando el grupo de requisa ingresó violentamente al Pabellón B de la Unidad Residencial II -disparando sus armas- y golpeó a las personas detenidas. 

Dos jóvenes fueron retirados y llevados a una "leonera", donde "los arrojaron al piso, boca abajo, esposados con sus manos a la espalda, para luego proceder a golpearlos fuertemente en distintas partes del cuerpo, mientras las ví­ctimas eran sujetadas por la fuerza. Luego de retirarles el calzado por la fuerza, procedieron a golpearlos con palos y/o bastones en las plantas de los pies, tobillos y pantorrillas, práctica de tortura que se conoce como 'pata pata' en la jerga carcelaria argentina o 'falanga'", añadieron los fiscales en el pedido de indagatoria. En ese contexto, los penitenciarios "intentaron, sin quitarles los pantalones, introducirles los bastones, con los que eran golpeados, en el ano".