El fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, solicitó este martes al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, presidido por el juez Jorge Gorini, el pronto inicio del juicio oral contra los acusados por haber desviado la investigación mediante el pago ilegal de 400.000 dólares realizado a Carlos Telleldín para que imputara a policías bonaerenses su participación en el atentado del 18 de julio de 1994.

Nisman hizo alusión en su escrito a “la trascendencia institucional de los graves delitos cometidos, la necesidad de adoptar una decisión definitiva acerca de las responsabilidades de quienes fueron altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, de las fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia e integrantes del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, acusados por una maniobra de encubrimiento dirigida a entorpecer la investigación de uno de los hechos más luctuosos que sufrió nuestro país”.

En dicho juicio serán juzgados, entre otros, el ex presidente Carlos Menem; su secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy; el ex comisario Jorge ‘Fino’ Palacios; el ex juez federal Juan José Galeano, los ex fiscales federales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, entre otros. También “se ventilará el encubrimiento y protección a Alberto Kannore Edul, para que no fuera realmente investigado por su eventual participación en el atentado que costó la vida de 85 personas", explicó Nisman. 

Por Continental, la doctora Laura Ginsberg, de APEMIA, se refirió a declaraciones del luego cesado agente de la Secretaría de Inteligencia "Jaime" Stiusso, sugiriendo periodísticamente que conoce datos ignorados públicamente sobre el atentado a la mutual judía, pero no puede revelarlos por ser "secretos de Estado". En La Mirada Despierta, Ginsberg consideró que la afirmación "es de una gravedad mayúscula, pero lo peor es que nadie en el Gobierno lo desmintió. Nos podrán prometer que van a esforzarse en esclarecer el atentado, pero el secreto de Estado permanece".