"Acataremos cualquier condición que se nos imponga, si esto es por la independencia de nuestro país", afirmó el dirigente de ERC Lluís Salvadó en declaraciones a la emisora catalana TV3 sobre los planes de Mas, líder del partido Convergencia i Unió (CiU).

Por su parte, Anna Simó, portavoz de ERC, indicó en conferencia de prensa que "ya hay un acuerdo con CiU sobre la fórmula para presentarse a los comicios constituyentes", aunque no dio más detalles a la espera de que se firme el pacto definitivo.

Se especula con la posibilidad de que los comicios se celebren en el primer trimestre de este año, antes de las elecciones municipales y regionales que tendrán lugar en España el 25 de mayo próximo.

El pasado 25 de noviembre, Mas propuso al resto de partidos y organizaciones sociales que reclaman la secesión de Cataluña la conformación de una lista única para unas elecciones regionales, aún sin fecha, que de ser ganadas por el bloque soberanista abrirían la puerta a un proceso de 18 meses para declarar la independencia de forma definitiva.

Sin embargo, ERC rechazó de inmediato esta opción, por lo que se comenzó a negociar la posibilidad de listas separadas.
Durante más de un mes el presidente catalán mantuvo conversaciones con Oriol Junqueras, líder de ERC, y finalmente Mas le propuso tres opciones, una de las cuales, fue aceptada.

Según la prensa catalana esa opción es la de acudir a los comicios regionales en listas separadas, pero Mas sería quien lideraría la candidatura "transversal" que incorporará a representantes de la sociedad civil.

La condición que aceptó ERC sería no llevar "independientes" en su lista, algo que Salvadó criticó como una imposición "no legítima".

El plan del presidente catalán de celebrar elecciones plebiscitarias fue la respuesta a la negativa del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, a permitir la celebración de un referéndum sobre la independencia pactado con el Estado, similar al del pasado 18 de septiembre en Escocia, Reino Unido.

El referéndum inicial había sido convocado para el 9 de noviembre pasado pero fue suspendido por el Tribunal Constitucional (TC) español a pedido del Ejecutivo central, que considera que una consulta de ese tipo es inconstitucional.

Ante la suspensión, Mas mantuvo la consulta aunque la transformó en una votación simbólica para evitar una nueva suspensión judicial, algo que finalmente ocurrió.

El proceso electoral se celebró bajo prohibición y participaron 2,3 millones de personas que dijeron de forma abrumadora "Sí" a la independencia.

Rajoy respondió que la votación además de ilegal había sido un fracaso, puesto que 2 de cada 3 catalanes no acudieron a votar.

Después de la consulta, la Fiscalía General del Estado, bajo presión del Ejecutivo, presentó una querella criminal contra Mas y otras dos funcionarias del gobierno por haber celebrado la consulta del 9N.