Un grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue recibido en México en la escuela rural del magisterio de Ayotzinapa por los padres de 43 estudiantes desaparecidos, en el inicio de una misión extraordinaria y de escasos antecedentes que durará seis meses, a fin de evaluar las acciones del Estado en el esclarecimiento de este caso de fuerte impacto mundial.

"Vamos a tratar de llegar a la verdad de los hechos", dijo a periodistas el médico y psicólogo español Carlos Beristain, uno de los cinco integrantes de la comisión, que añadió que "se dará un informe preliminar a los tres meses para conocer el avance del caso y estudiar bien el expediente". Los especialistas llegaron ayer por la tarde a la comunidad de Tixtla del sureño estado Guerrero, donde se encuentra la escuela para reunirse primero con los padres y después con un grupo de estudiantes.

"Tengo esperanza de que con esta presencia de los investigadores internacionales se pueda llegar a la verdad. Siempre hemos insistido en que haya un acercamiento con nosotros, que somos las víctimas", dijo una madre que pidió no ser identificada. Antes de viajar a Guerrero, los expertos se reunieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México con la subsecretaria de derechos humanos, Lía Limón, con la encargada de la subprocuraduría de derechos humanos, Eliana García, y con el director general de derechos humanos de la cancillería, Alejandor Alday.

La fiscalía general mexicana concluyó a fines de enero que los estudiantes fueron detenidos, asesinados e incinerados en un basurero para hacer desaparecer sus restos, resultados que fueron rechazados por las familias, que siguen bregando para que el gobierno asuma un mayor protagonismo e implicancia en un caso que mantiene en vilo y bajo fuerte cuestionamiento al presidente Enrique Peña Nieto.

Los padres y abogados de los jóvenes consideran que no existen suficientes evidencias científicas en ese sentido, ya que sólo los restos calcinados de uno de los alumnos se han podido identificar con pruebas de ADN. Los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre después de ser entregados por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos, que supuestamente los confundió con miembros de un grupo rival y los mató.