El Consejo del Poder Judicial (CGPJ) -órgano autónomo-, adoptó la decisión después de que el diario El País publicó que el gobierno regional madrileño, en manos del conservador Partido Popular (PP), mantiene un pacto con la empresa tecnológica Indra por el que la multinacional paga retribuciones periódicas a jueces, fiscales, secretarios y otros empleados judiciales para que colaboren en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que tienen como objetivo agilizar la Justicia.

Un total de 32 juristas recibieron desde 2011 unos 230.000 euros de Indra por su participación en este proyecto de desarrollo tecnológico.

La empresa privada paga a los empleados del sistema judicial porque así lo establecen las bases del concurso público que ganó Indra, según fuentes de la compañía, citadas por el diario madrileño.

No obstante, la orden de esos pagos proviene de la Consejería de Justiciad de Madrid, a través de su filial pública ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid), señalan.

La investigación fue abierta de oficio para determinar si los juristas, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira, incumplieron el régimen de compatibilidad al percibir las compensaciones, indicó el CGPJ en un comunicado.

Entre otros puntos, el artículo 389 de La Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que el cargo de juez o magistrado es incompatible con "los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y cualesquiera entidades, organismos o empresas dependientes de unos u otras".

Sin embargo, Vieira defendió hoy la legalidad de las primas cobradas por varios jueces y otros funcionarios que asesoraron a la empresa Indra.

En un comunicado, el presidente del TSJM indicó que todo el dinero cobrado "ha sido declarado a Hacienda" y que la tarea que desarrollaban "estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al Consejo General del Poder Judicial la autorización o reconocimiento de compatibilidad".

Según Vieira, la comunidad de Madrid solicitó la colaboración, y como se trataba de funciones que no son propias del cometido de los magistrados, secretarios, etc; y se desarrolló "fuera del horario laboral", "se acordó con la ICM una "compensación económica que realizó la empresa Indra, contratada a través de la filial pública.

Los pagos de Indra a los jueces y empleados judiciales madrileños se conocen en un momento en el que la Audiencia Nacional investiga las relaciones contractuales entre ICM e Indra en el marco de la Operación Púnica, una trama de reveló la existencia de facturaciones falsa y contratos irregulares en el gobierno regional de Madrid.

Ante la información publicada por el diario El País, la oposición coincidió en solicitar la comparecencia del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su consejero de Justicia, Salvador Victoria, uno de los salpicados por la red Púnica.