Madrid, Murcia, Valencia, Castilla y León, feudos del gobernante Partido Popular, fueron presa de redadas anticorrupción que determinaron la detención de medio centenar de alcaldes y líderes del partido postfranquista. Según la investigación judicial, empresarios pagaban comisiones a cambio de contratos de obras y de servicios, y el daño a las arcas municipales y autonómicas es de 250 millones de euros en los dos últimos años. De esa cantidad los políticos se quedaban con un porcentaje, que algunas fuentes sitúan entre el 2,5 y el 3%, consignó por Continental Pedro Giménez, jefe de Redacción de la Cadena Ser España
 
El escándalo se produce, además, a apenas siete meses de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 y con unas encuestas que reflejan el desplome del voto popular. En el PP se murmura sobre la “falta de liderazgo” de Rajoy en el tema. Las investigaciones, dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y ejecutada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, desembocaron en 51 detenciones e imputaciones; 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias para el bloqueo de cuentas; 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama; o 259 mandamientos a registros de la propiedad.
 
Entre los detenidos se cuentan el ex número 2 de los populares de Madrid, Francisco Granados, y seis alcaldes de la Comunidad, alguno de localidades importantes como Valdemoro (José Carlos Boza, PP), Collado Villalba (Agustín Juárez, PP) o Parla (José María Fraile), este último del PSOE y mano derecha de Tomás Gómez en los años que estuvo al frente de esa población.
 
En este contexto, dirigentes del PP como Esteban González Pons y la ultraconservadora Esperanza Aguirre salieron a pedir perdón públicamente en nombre del partido y expresar su “asombro, indignación y vergüenza”. Ante esto, el presidente del Gobierno español guardó total silencio. El escándalo también afecta a un alcalde del PSOE y a algunos dirigentes del nacionalismo catalán, añadió Giménez en La Mirada Despierta.