El gobierno de España le dio este viernes luz verde a un pedido de extradicción de dos franquistas a la Argentina, que son investigados por delitos de lesa humanidad por la jueza María Servini de Cubría. La administración de Mariano Rajoy, a través del Consejo de Ministros, acordó continuar con el proceso de extradición de dos policías españoles a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Así, Juan Antonio González Pacheco, de 66 años y conocido como "Billy el niño", y Jesús Muñecas Aguilar, de 77, podrían ser enviados al país para ser juzgados, aunque aún restan una serie de pasos jurídicos. Ambos dirigentes del franquismo están acusados de torturar a detenidos políticos, junto con otros dos implicados, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González, que ya están fallecidos. La jueza Servini de Cubría había pedido la extradición el pasado 18 de noviembre.

Tras el aval del Consejo de Ministros, el juez Pablo Ruz deberá citar a los dos ex policías para preguntarles si desean ser entregados a la Argentina. Como probablemente los imputados rechazarán su extradición, la causa debería ser estudiada por la sala de lo Penal de la Audiencia en una vista de extradición. En caso de que las autoridades judiciales negaran la solicitud de entrega, la causa quedaría cerrada. Pero si los jueces atienden el reclamo argentino, la última palabra la tendrá de nuevo el Consejo de Ministros.

González Pacheco está imputado por la jueza Servini por torturar entre 1971 y 1975 a 13 personas mientras estaban detenidas. Sobre Muñecas Aguilar pesa la responsabilidad sobre un sólo caso, el de Andoni Arrizabalaga, arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarauz, en el norte de España, consignó por Continental el arquitecto Pompeyo Ramos Marrau, integrante de la plataforma por los juicios a los crímenes del franquismo.

En La Mañana, consignó que tendrán entrevistas con 26 personas venidas desde España con los magistrados que entienden en la causa por los más de 110.000 crímenes impunes de la dictadura franquista. "Esto se ha plasmado en una querella que ya lleva tres años, y que se lleva adelante en la Argentina porque en España no se pueden juzgar", destacó Ramos Marrau.