“No rectificaré. En lo que dependa de mí, y no todo depende de mí, el proceso se acabará votando y votando la pregunta acordada”, afirmó Mas durante una sesión de control al Ejecutivo regional en el Parlamento catalán.

Mas sostuvo que seguirá adelante mientras haya “consenso político -de las fuerzas soberanistas-, movilización social y actitud pacífica”, y advirtió al gobierno central de Mariano Rajoy y a su derechista Partido Popular (PP) que ellos “no podrán impedir que los catalanes voten”.

“Esto depende de lo que haga este Parlamento y este país (Cataluña), esta vez no depende de ustedes”, remarcó.

Poco antes, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, había afirmado que el gobierno español estaba dispuesto a dialogar con Mas si renunciaba a "plantear opciones que están fuera del marco legal”.

“Hay que decir que todos los españoles tenemos derecho a decidir el futuro de España, y nos podemos sentar a hablar”, sostuvo el jefe de la diplomacia española en declaraciones a la emisora Cadena Ser.

Ayer, el gobierno catalán anunció la paralización de la campaña institucional a favor de la consulta para evitar un eventual proceso de desacato ante la suspensión dictada por el Constitucional, pero ratificó su voluntad de celebrar el referéndum del 9 de noviembre.

Ante esta actitud, los partidos catalanes anti soberanistas –PP, socialistas, Ciutadans – exigieron a Mas que rectifique de forma definitiva, mientras los partidarios de la consulta lo instaron a reactivar la campaña pro referéndum, mostrando incluso su disposición a asumir las consecuencias legales que se puedan derivar de ello.

La secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, reiteró la disposición de la fuerza independentista a “entrar” en el gobierno catalán para “activar” todos los mecanismos de la consulta y asumir las consecuencias de desacato a las medidas dictadas por el alto tribunal español.

Asimismo, la diputada catalana reveló que cuenta con una lista de “funcionarios voluntarios” que están dispuestos a “desafiar” la suspensión del Constitucional.

Mas no respondió a esta propuesta, aunque sí lo hizo el diputado Quim Arrufat, de la CUP, un partido independentista alternativo, que lo desafió a elegir entre “obedecer al pueblo o al PP”.

“La desobediencia no siempre lleva a la victoria”, remarcó Mas, quien cree que en “no es el momento” desoír el veto del Constitucional ni de tomar decisiones “definitivas”, sino “presionarlo de forma correcta”.

Hoy, el Ejecutivo catalán formalizó su apelación ante el Constitucional para exigir el levantamiento de la suspensión de la consulta, según informó el portavoz del gobierno, Francesc Homs, quien espera que los jueces del alto tribunal respondan con la misma celeridad que lo hicieron ante los recursos de apelación presentados por el Ejecutivo español de Mariano Rajoy.

Pero en paralelo, el Parlamento catalán designó a los miembros de la comisión electoral del referéndum, una decisión que desarrolla la ley de consultas que está suspendida por el Constitucional y que, por lo tanto, estaría en desobedeciendo la resolución del tribunal.

La votación salió adelante con el apoyo del bloque pro referéndum, a los que el diputado Ciutadans, Albert Rivera, les advirtió que "podrían estar cometiendo un delito". El PP, por su parte, aseguró que informará a la Fiscalía de estos hechos.

Al admitir a trámite los recursos de apelación del gobierno, el alto tribunal suspendió por cinco meses tanto el decreto de convocatoria de la consulta, firmado por Mas, como la ley de consultas aprobada por el Parlamento catalán en la que se fundamentó su decisión.

El alcance de la respuesta de Mas al dictamen del Tribunal Constitucional ha generado enfrentamientos tanto dentro de su gobierno como en las fuerzas que lo apoyan, a pesar de que en el Parlamento mostraron unidad.

De hecho, mientras el Ejecutivo regional anunció la paralización de la campaña, Homs justificó que se mantenga activa la web de la consulta del 9 de noviembre (9nconsulta2014.cat), y hasta llegó a decir que él mismo estaba dispuesto a actualizarla personalmente para no poner en riesgo a ningún funcionario.

Mientras el gobierno catalán y español se enfrentan en una batalla legal que tiene al cuestionado Tribunal Constitucional español como árbitro, en las calles de Cataluña se mantiene la presión social a favor de la celebración del referéndum.

Ayer por la tarde, miles de personas protestaron frente a los edificios municipales de las principales ciudades de la norteña región contra la medida del Constitucional. "Ni un paso atrás", reclamaron los manifestantes independentistas, que advierten que seguirá movilizados.

Ante el incremento de la tensión política y social, el Ministerio de Interior decidió reforzar la seguridad de los edificios que pertenecen y representan al gobierno central de España.