Ante la decisión, el gobierno catalán advirtió que España hará el “ridículo internacional” sin presenta la querella, mientras el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, negó haber tenido injerencia en la decisión de la Fiscalía.

La querella impulsada por el Ministerio Público, pretende que Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación del gobierno catalán, Irene Rigau, sean juzgados por delitos de desobediencia grave, prevaricato, malversación de caudales públicos y obstrucción a la justicia, según revelaron fuentes judiciales citadas por medios españoles.

No obstante, hasta que no se presente la demanda no se confirmarán los delitos que se le imputarán al presidente regional y los otros dos altos funcionarios de su gobierno.

En todo caso, las condenas por estos delitos oscilan entre la "inhabilitación" o penas de cárcel. Si se les imputara un delito de desobediencia grave al gobierno, los dirigentes catalanes podrían ser castigados con penas de prisión de entre seis meses y un año, según el Código Penal español.

En caso de delito de desobediencia la inhabilitación no superaría los dos años, pero si se lo condena por prevaricado la pena podría ser de 7 a 10 años de duración.

De todas formas, no existe un precedente de casos de rebeldía en que los responsables de una administración pública hayan decidido incumplir una suspensión cautelar del Tribunal Constitucional.

El jefe de los Fiscales españoles, Eduardo Torres Dulce, ya había tomado la decisión de acusar a Mas y las otras dos integrantes de su gobierno por haber organizado la consulta, pero la Fiscalía de Cataluña se opuso al considerar que no había base suficiente.

El conflicto, sin precedentes en la esfera judicial, fue interpretado como una consecuencia directa de la politización de la Justicia española tras denunciarse tanto presiones del gobierno catalán como del central a los fiscales que se encuentra bajo su esfera de influencia.

Sin embargo, el fiscal General del Estado quiso demostrar que se trataba de un tema netamente jurídico y buscó el aval de la Junta de Fiscales, un órgano consultivo no vinculante donde se debate temas jurídicos y técnicos.

Y en la reunión celebrada hoy, los fiscales expresaron por abrumadora mayoría su apoyo a los criterios planteados por Torres Dulce, quien ahora ordenará al fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que avance por la vía penal contra Mas y su gobierno.

Según la querella elaborada por Torres Dulce, la Generalitat (gobierno catalán) desplegó una “conducta incompatible” con la resolución del TC. Se explica que con el propósito de cumplir con su designio original de convocar una consulta refrendaria sobre el futuro político de Cataluña, y con el único fin de “eludir el control jurisdiccional”, impulsó el mismo proceso pero “con actos jurídicos no formalizados”.

"Las personas contra las que se dirige la acción penal han dispuesto fondos públicos para consumar la desobediencia a la suspensión facilitando la logística y todos los medios materiales necesarios para la realización de la consulta", señala el documento publicado por la emisora Cadena Ser.

Aunque la cuantía aún es indeterminada, sólo el presupuesto en publicidad institucional ascendía a los 9 millones de euros.
La querella de la Fiscalía amenaza con hacer escalar aún más el conflicto separatista de Cataluña.

Tras la consulta simbólica del 9N, de la que participaron más de 2,3 millones de personas y el 81% dijo “si” a la independencia, Artur Mas reclamó una vez más a Rajoy un referéndum oficial acordado con el Estado. Pero el jefe del Ejecutivo español le reiteró que no negociaría ninguna iniciativa que implicara romper con la soberanía de España.

Rajoy desprestigió la consulta diciendo que había sido un “rotundo fracaso del independentismo” porque sólo 2 de cada 3 catalanes habían participado, al tiempo que le recordó a Mas que cometido una ilegalidad.

En la víspera de la consulta ya se había activado la vía judicial, tanto por una investigación de la Fiscalía como por demandas de partidos antiseparatistas y particulares, pero la Justicia consideró “desproporcionado” retirar las urnas y cerrar los colegios electorales.

Diez días después y luego de críticas a Rajoy por haber permitido que la consulta se materializara, el Ministerio tiene el camino despejado para actuar.

“Lo que haga la Fiscalía en el ejercicio de su autonomía yo lo voy a respetar. Es mi obligación como presidente del gobierno, espero que los demás lo hagan también”, sostuvo hoy el presidente del gobierno en los pasillos del Congreso de los Diputados.

En tanto, el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, considero que el Estado español hará el ridículo, al tiempo que se mostró tranquilo ya que, dijo, tienen “todo a punto” para defenderse con argumentos jurídicos si es necesario.