"En menos de 10 años, 2 millones de personas salieron de la extrema pobreza y superaron su nivel de vida en Bolivia", afirmó el representante boliviano.

El EPU es una evaluación sobre el cumplimiento de los tratados, convenciones y legislación respecto a los derechos humanos a la que son sometidos todos los miembros del Consejo de Derechos Humanos.

Arce indicó que la nueva Constitución Plurinacional es el mejor garante de los derechos humanos y señaló que, durante los últimos años, se han promulgado infinidad de leyes y normas que garantizan las libertades fundamentales de la población, establecidas en los tratados internacionales suscritos por Bolivia. "Las leyes son imprescindibles para el 'vivir bien'", pues regulan las relaciones humanas, aseguró el procurador.

Añadió que "la inclusión constitucional de un amplio catálogo de derechos, sean individuales o colectivos, reconoce a la población en sus diferentes segmentos como sujetos de derecho y no como simples objetos de protección, como se concibieron en la concepción clásica del Estado Republicano".

Arce precisó que se ha regulado la protección de los grupos más vulnerables, como los ancianos, las mujeres, los niños, los discapacitados, los afrodescendientes y los indígenas.

Asimismo, el procurador explicó que se ha incrementado el presupuesto de salud en un 263 por ciento con respecto a 2005, para lograr la "universalidad del servicio".

Respecto a la educación, Arce manifestó que el Estado boliviano ha logrado reducir el abandono escolar en primaria de un 6,5 por ciento en 2005 a un 1,5 en 2013 y que la tasa de escolarización se sitúa en el 98,5 por ciento.

Resaltó que Bolivia cuenta con la tasa de desempleo más baja de la región, dado que el paro se situó en 2012 en el 3,2 por ciento.

A su vez, desglosó sectores estratégicos de desarrollo bolivianos ligado al acceso al trabajo, a la vivienda y servicios básicos para cada familia, además de la aplicación de bonos sociales como el Juancito Pinto (para evitar deserción educativa de los menores); Juana Azurduy (para las mujeres en etapa de gestación) y la renta Dignidad (para los adultos mayores), reportó la agencia ABI.

Además, el procurador hizo hincapié en las políticas del gobierno del presidente Evo Morales para mejorar la distribución de la tierra, el acceso al agua, el saneamiento y el suministro eléctrico.

Por otra parte, Arce presentó la "Agenda Patriótica 2025", que "establece 13 pilares fundamentales para tener una Bolivia digna, soberana y productiva" y cuyo objetivo final es implementar todos los derechos recogidos en la Constitución.