El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, desmintió por Continental que la denuncia de la AFIP contra la imprenta Donnelley sea una aplicación de la Ley Antiterrorista en el sentido de "lavado de dinero para financiar al terrorismo". En La Mañana, enfatizó que se trata de "delitos económicos de guante blanco", en el marco del artículo 309 del Código Penal. 

“Ha habido una denuncia del Gobierno nacional a través de la AFIP por una posible quiebra fraudulenta, que ha caído en manos del juez Rafecas. Nosotros desde la CNV, elevaremos a la SEC (la Comisión de Valores de los Estados Unidos) esta posible quiebra fraudulenta que puede enlazar con la ley que pena determinados delitos económicos de guante blanco, que no tiene nada que ver con terrorismo, sino con el plan antilavado del GAFI. No tiene nada que ver con la situación de la protesta social. El objetivo en este caso es cuidar las fuentes de trabajo”, subrayó el funcionario. 

La ley 26.733, sancionada por el Congreso de la Nación a fines de 2011, incorporó al Código Penal delitos económicos tales como el uso de `información privilegiada` para la negociación o liquidación de valores negociables; las transacciones que distorsionen instrumentos financieros; y demás acciones que afecten al sistema económico en su conjunto, como lo son las quiebras fraudulentas, entre otras conductas. Esta norma fue aprobada en el marco del tratamiento de una serie de medidas legales exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales(GAFI), organismo intergubernamental cuyo propósito es la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.