El director de la Unidad de Información Financiera denunció por Continental que las “constantes operaciones mediáticas” contra su persona por parte de los medios La Nación y Clarín tienen por objeto desacreditarlo de cara al futuro de la causa por la presunta apropiación ilegal de Papel Prensa durante la última dictadura.

En La Mañana, atribuyó los cuestionamientos a la decisión de la Justicia de aceptar a la UIF como querellante en la causa de la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada), tras la decisión del Gobierno nacional de proponer al funcionario para continuar cuatro años más al frente del organismo encargado de combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

“Estamos pidiendo el congelamiento de los bienes que están en poder de las familias de los represores y de sus asociados con empresas nacionales e internacionales: se acepta el criterio de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y, probado el delito, cabe la pena de prisión y el decomiso de esos bienes”, desmenuzó Satella. “Si se prueba la asociación entre la dictadura militar y la apropiación de Papel Prensa, a Clarín y La Nación, les cabe la prisión por autolavado, el decomiso de los bienes. Como corren riesgo sus economías futuras, hacen este tipo de operaciones”, añadió.

La maniobra habría consistido en obtener la empresa fundada por empresarios peronistas para fabricar papel de diario en el país por medio de coerción, tortura y secuestro de sus entonces dueños para luego blanquearla con una simulada compraventa legal. Para Sbatella, el supuesto delito de apropiación de bienes no prescribió porque se sigue cometiendo a través del lavado, ya que sigue generando frutos económicos a sus supuestos apropiadores. Con esos argumentos, la UIF logró ser querellante en la causa ESMA y pidió embargar los bienes de los acusados.