Veinte años después de su privatización, el Congreso dispuso que la petrolera YPF vuelva a estar bajo control estatal. Después de dos días de debate y de más de un centenar de oradores, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de expropiación del 51% de las acciones de la compañía, que se encontraba en manos de la española Repsol.

El proyecto, que la semana pasada recibió la media sanción del Senado, fue aprobado en general por 207 diputados, con el respaldo del Frente para la Victoria, sus aliados de Nuevo Encuentro y otros partidos provinciales, buena parte de la Unión Cívica Radical, el Frente Amplio Progresista, Proyecto Sur e incluso algunos peronistas opositores.

En tanto, 32 legisladores rechazaron la iniciativa. Entre ellos se encontraron los representantes del PRO y la mayoría del peronismo disidente, así como Elisa Carrió junto con algunas de sus compañeras de la Coalición Cívica y el monobloque de Patricia Bullrich.

Optaron por ausentarse del histórico sufragio 12 diputados, entre los que directamente faltaron a la sesión y los que decidieron retirarse a la hora de votar, tal como lo hizo el radical Oscar Aguad, en contra de la decisión de su partido. Por su parte, 6 legisladores decidieron abstenerse.

Para el viernes a la tarde, gobernadores, funcionarios y distintos dirigentes están convocados a un acto en la Casa Rosada durante el cual la Presidente promulgará la ley.

La ley crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, integrado por la Nación (a través de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, Planificación Federal, Trabajo e Industria) y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ese Consejo garantizará el cumplimiento de la ley y elaborará el Plan Nacional Estratégico para la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina.

Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A., representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas (hoy con 57,43% del capital).

La expropiación también comprende al 51 por ciento de las acciones que Repsol posee en YPF Gas, la principal firma de comercialización y fraccionamiento de gas en garrafas.

El proceso se regirá por la Ley de Expropiación, nº 21.499, y la tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Las acciones expropiadas se distribuirán en un 51% para el Estado nacional y el 49% restante entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

La distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realizará en forma equitativa, teniendo en cuenta sus respectivos niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas.

Se prohíbe la transferencia futura de las acciones expropiadas sin la autorización del Congreso de la Nación, votada por las dos terceras partes de sus miembros.

La iniciativa establece que YPF S.A. continuará operando como una sociedad anónima abierta, a la cual no se le aplicará la legislación o normativa administrativa de las empresas públicas.

Se permite a YPF acudir a fuentes de financiamiento internas y externas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de acuerdos con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras.