La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió hoy que el Estado Nacional debe financiar el costo de una boleta por cada votante de todas las listas que se presenten para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 9 de agosto próximo.
 
Lo resolvieron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda al hacer lugar a un amparo que presentó la alianza UNEN.
 
La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, había dictaminado en el mismo sentido que la Corte.
 
Los magistrados interpretaron así el artículo 32 de la ley 26.571 de partidos políticos que establece que "La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior otorgará a cada agrupación política los recursos que le permitan imprimir el equivalente a una boleta por elector".
 
El Estado Nacional había dicho en la causa que debía financiar una boleta por elector para cada partido, confederación o alianza y no por cada lista.
 
Para la Corte la interpretación de la financiación de una boleta por cada elector por cada precandidato "es coherente con el fin de garantizar la efectiva vigencia del principio democrático de la representatividad popular y, específicamente, 'con los propósitos perseguidos por la ley 26.571 -al incorporar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)-, de fortalecer y profundizar la participación ciudadana en la selección de los candidatos".
 
"Que una inteligencia contraria de la norma que impusiera a las agrupaciones asumir esos costos tendría por efecto, por un lado, desincentivar a los partidos políticos a elegir sus candidatos a través del voto popular, fomentando la designación en su seno interno; y por el otro, pondría en situación de desventaja a los partidos que cuenten con menores recursos", agregó el máximo tribunal.
 
En disidencia votó el juez Carlos Fayt para quien consideró que la ley obliga al Estado a financiar una boleta por cada elector de cada agrupación política, entendiendo esta como el conjunto de las listas que se presentan por ese espacio.
 
"Surge con claridad que la ley traza una evidente distinción entre las agrupaciones políticas y las listas, regulándolas, en cada caso, de diferente manera y con distintos alcances", sostuvo el juez.