El ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, fue imputado este martes por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y comenzará a ser investigado por el incremento de su patrimonio en 600 mil pesos el año pasado.
 
El fiscal federal Eduardo Taiano imputó a Kicillof para comenzar a ser investigado y le solicitó al juez Claudio Bonadio una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa.
 
Kicillof, precandidato a primer diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria (FpV), fue denunciado por Santiago Dupuy de Lome, un abogado vinculado al PRO, porque pasó de tener 1.200.000 de pesos a 1.800.000 en un año, lo que no condice con su sueldo de funcionario.
 
Para determinar si Kicillof cometió el delito denunciado el fiscal Taiano ordenó una serie de medidas de prueba que son las de rigor en los casos de enriquecimiento ilícito.
 
El fiscal le requirió al juez Bonadio que le solicite a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de Kicillof y que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informe los cargos públicos que ocupó el funcionario, el período en los que los desempeñó y los sueldos que percibió.
 
También que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) envíe copia de las declaraciones de Ganancias y de Bienes Personales de Kicillof y que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informe sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito y plazos fijos a nombre del ministro de Economía.
 
Asimismo, Taiano solicitó que el Registro Nacional de Propiedad, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, el Registro Nacional de Buques y el Registro Nacional de Aeronaves informen si Kicillof tiene algún bien a su nombre.
 
El mismo abogado que acusó al ministro de enriquecimiento ilegal ya lo había denunciado por cohecho, violación de deberes de funcionario público y asociación ilícita, en el marco del otorgamiento de los ROE (permisos de exportación) de trigo y maíz.
 
El denunciante incluyó al secretario de Comercio, Augusto Costa, y al presidente de la Confederación General Económica (CGE), Ider Peretti.