El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró una “afrenta al funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas” de la Argentina la decisión de la Corte Suprema de Justicia que mantiene la vigencia de una medida cautelar que cumple 11 años otorgándole protección judicial a La Nación y que impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada en 400 millones de pesos. “Es un fallo que demuestra claramente la parcialidad de la Corte Suprema y que viola un principio esencial que está en la Constitución, que es la igualdad ante la ley”, dijo en rueda de prensa en Casa de Gobierno.
 
La decisión de “otorgarle un privilegio a ese diario es una afrenta a todos los argentinos. Se trata de un fallo de naturaleza política y con intencionalidad política”, alertó el chaqueño sobre el fallo de Ricardo Lorenzetti y los ministros Carlos Fayt (éste, emparentado políticamente con los dueños del diario) y Juan Carlos Maqueda que dejó sin efecto una resolución de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había levantado la medida.
 
Además, afirmo, en referencia a declaraciones de Carlos Reutemann, que en el proyecto político que sostiene el Gobierno nacional “no hay frío para nadie” sino “el calor que emana la defensa de los intereses de las mayorías populares”. En este sentido, Capitanich sostuvo en el espacio político que representa el oficialismo “pueden existir disidencias pero no dudas acerca del rumbo estratégico que se le ha dado a la Argentina”. El exgobernador santafesino había acusado al kirchnerismo de enviarlo “a Siberia”.
 
Además, respondiéndole al expiloto de carreras y al diputado Sergio Massa, enfatizó que las estrategias distintas de Gobierno y oposición expresan la diferencia entre “democracia y corporaciones. O vamos a la construcción de una democracia plural, abierta, sin la estrategia permanente de grupos de poder económico y mediático para hostigar a gobiernos elegidos por la voluntad popular, o construimos un sistema donde precisamente las corporaciones gobiernan en forma indirecta a través de los políticos”, planteó.

Capitanich recordó, por otra parte, que “en 2002 el 56% de los productores tenían deudas con el sistema financiero, y hoy esa proporción bajó al 1%, la regularización permitió bajar de 14 a 16 millones de hectáreas de campos hipotecados a prácticamente ninguna hectárea en la actualidad”.