El oficialismo consiguió este martes en el Senado dictamen de comisiones para la nueva ley de Abastecimiento, aunque la iniciativa, que será llevada al recinto la próxima semana, contempló una serie de modificaciones.

El dictamen se logró luego de dos jornadas de exposiciones de distintas ONG's así como del sector empresarial.

Los bloques oficialistas buscaron aplicar cambios al proyecto de reforma de la ley de Abastecimiento en lo que respecta a excluir de la aplicación de sanciones a las pequeñas y medianas empresas que no sean formadoras de precios.
 
Los senadores del oficialismo, además, piensan aplicar otra modificación referida a la realización de allanamientos para que los mismos se concreten pero con previa orden judicial.
 
La UIA rechazó el proyecto oficial. El representante de la Unión Industria Argentina, Daniel Funes de Rioja calificó de "inconstitucional, inconveniente, inoportuno e irrazonable" el contenido de nueva ley de Abastecimiento.
 
Durante su exposición en el Senado consideró que el proyecto "perjudicará severamente las inversiones" en el país.

"El corazón de la ley son estas facultades discrecionales del poder administrativo", dijo el dirigente empresario y sostuvo que el proyecto crea "figuras cercanas a una estatización del mercado".

Por su parte, el representante de la Asociación Consumidores Libres, Héctor Polino puso en duda la eficacia de la nueva ley de Abastecimiento para resolver "los problemas que tiene la economía argentina", que enumeró como "la inflación, la enorme concentración y la extranjerización".

Polino preguntó por qué se cree que si la Ley que rige desde hace 40 años -que destacó que "es mucho mas drástica, más severa que el proyecto que se piensa aprobar" no logró su propósito- la nueva propuesta "¿podrá lograrlo simplemente aumentando multas?".

Por otra parte, sobre otro de los proyectos, el ex diputado socialista pidió que no haya valores-límite para acceder al fuero judicial específico que se crea, ya que señaló que no existe razón "para establecer una especie de tribunal de menor cuantía" y así discriminar los reclamos de los consumidores.

A su turno, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay rechazó la norma y consideró que será "rápidamente despedazada en los Tribunales", como ocurrió, dijo, con "la reforma judicial".

Sabsay opinó que el proyecto "no resiste el simple análisis de constitucionalidad. Está destinado a ser rápidamente despedazado por la Justicia, como ocurrió con la reforma judicial".

En tal sentido, señaló que la propuesta del Ejecutivo, entre otras cosas, dispone "una delegación legislativa que es absolutamente abusiva", dado que a su entender se avanza sobre el artículo 76 de la Constitución Nacional que establece que no se pueden hacer delegaciones legislativas por tiempo indefinido.

Desde la Unión de Consumidores Argentinos (UCA), Fernando Blanco Muiño, solicitó que la nueva ley de Abastecimiento "tenga no sólo una mirada de reclamo individual sino de reclamo colectivo" y en ambos casos se establezca la gratuidad del procedimiento.

Blanco Muiño precisó que "no es factible que un consumidor haga un reclamo a los bancos por una diferencia de centavos" pero, indicó, si es algo que haría una entidad de defensa de consumidores.

Para el constitucionalista y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra con el proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento impulsado por el Gobierno "el derecho a la propiedad queda absolutamente cancelado" y vaticinó que la medida será "invalidada por los tribunales" porque tiene "defectos groseros".

Además, el jurista evaluó: "No se puede alterar por una ley el piso de derechos básicos que fija la Constitución en materia de propiedad e iniciativa privada".

En ese sentido, indicó que la normativa analizada por los senadores "en la práctica suprime el derecho que pretende reglamentar. Se suprimen las libertades de la Constitución, ya que faculta al Poder Ejecutivo para que determine qué cosas y en qué cantidad deben producir y vender las empresas".