Las inundaciones en gran parte de la provincia de Buenos Aires pusieron bajo la lupa de los especialistas la ausencia de un plan integral de obras. Según La Nación, el Estado recaudó más de $10 mil millones en los últimos doce años a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica que se creó para costear obras para evitar inundaciones.

El decreto 1381 fue firmado durante los últimos días del gobierno de Fernando de la Rúa, en 2001. Cinco años más tarde se aprobó la ley 26.181, que estableció la creación de una Tasa de Infraestructura Hídrica que se le cobra a los automovilistas cada vez que cargan nafta en las estaciones de servicio.

Desde aquel entonces, el Gobierno cobra anualmente millones de pesos por intermedio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que deposita lo recaudado en una cuenta del Banco Nación donde está constituido el fondo con el objetivo de "desarrollar proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones y de protección de infraestructura vial y ferroviaria".

Con parte de esos fondos, en 2012 se solventó un stand de la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el parque temático Tecnópolis, que estuvo a cargo de la Universidad de San Martín a cambio de 5,27 millones de pesos. A la Universidad de Tres de Febrero le fue un poco mejor. Logró un contrato similar que también fue financiado con el dinero de las obras hídricas por 10,9 millones de pesos.