El Consejo de la Magistratura de la Nación cerró este jueves denuncias claves por supuesto mal desempeño de sus funciones que habían sido presentadas contra los jueces federales Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide.
 
Por mayoría y con la abstención de los representantes del radicalismo, el plenario del Consejo cerró por el vencimiento del plazo para tratar las denuncias la causa contra Rafecas por su intercambio de mensajes de WhatsApp con un allegado a los acusados en la causa Ciccone Calcográfica.
 
En tanto, con los votos del kirchnerismo, el Consejo desestimó enviar a juicio político y sancionar con una multa a Oyarbide por su lujoso anillo de brillantes, mientras que la oposición votó por someter al magistrado a un jury de enjuiciamiento por mal desempeño.
 
La desestimación contra Oyarbide se dio el mismo día en el que quedó cerrada la denuncia penal contra el juez y el subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Juan Carlos Liuzzi, por la suspensión de un allanamiento por presunto lavado de dinero a la financiera "Propyme".
 
Se trató de una denuncia que provocó la imputación penal contra Oyarbide y el retiro del magistrado de la escena pública de causas resonantes como las que supo tener, como la "mafia de los medicamentos" y la investigación contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por la construcción de las viviendas sociales de las Madres de Plaza de Mayo.
 
Por su parte, Rafecas fue el magistrado que en febrero desestimó por inexistencia de delito la denuncia penal del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
 
El Consejo también cerró hoy otra denuncia contra Rafecas por presunto mal desempeño en la desestimación una denuncia penal por la entrega de subsidios al cine en la que estaba involucrado su hermano.
 
El plenario trató un pedido de juicio político que en septiembre del año pasado el senador radical Mario Cimadevilla presentó contra Oyarbide por exhibir un anillo presuntamente valuado en 250 mil dólares y hacer ostentación y afectar el decoro que debe tener todo juez.
 
Por enviar a juicio político a Oyarbide votaron los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes; los radicales Angel Rozas (senador) y Gustavo Valdés (diputado), y los abogados Miguel Piedecasas y Adriana Donato.
 
En tanto, los representantes del Frente para la Victoria, Anabel Fernández Sagasti, Pablo González, Julián Alvarez, Héctor Recalde y Jorge Candis votaron por rechazar la denuncia, mientras que la jueza y presidenta del Consejo, Gabriela Vázquez, se abstuvo, y el senador kirchnerista Ruperto Godoy estuvo ausente.
 
Así, el envío a juicio se cayó porque se requieren los dos tercios de los votos.
Quienes votaron por enviar a juicio a Oyarbide señalaron que su conducta afectaba el decoro del Poder Judicial, mientras que los consejeros que rechazaron la denuncia que es meterse en la vida privada de las personas.
 
Tras el rechazo, el juez Cabral propuso aplicarle a Oyarbide una multa del 30 por ciento del sueldo por única vez, tal como prevé el reglamento, para lo que se necesita mayoría simple de votos.
 
La votación salió empatada seis votos por sancionar a Oyarbide -los mismos que se inclinaron por su juicio político- y seis por desestimarla -los cinco del Frente para la Victoria y Vázquez.
 
Ante empate, el voto de la presidenta vale doble y la votación termina entonces 7 a 6 por rechazar la denuncia.
 
En el caso de Rafecas se cumplió el plazo de tres años que fija el reglamento del Consejo para resolver una denuncia por mal desempeño contra un juez.
 
Los radicales Rozas y Valdés y el abogado Piedecasas pidieron postergar el tema, pero el resto de los consejeros rechazó el pedido y votó por desestimar la denuncia.
 
Rafecas tenía un pedido de juicio político por parte del kirchnerismo que nunca fue tratado porque no reunía los dos tercios de los votos que se requieren para mandar a un juez a jury.

El senador Mario Cimadevilla fue quien impulsó la denuncia contra Oyarbide por el polémico anillo de altísimo valor que el propio juez adjudicó a un regalo. Por Continental, opinó que “una vez más se decidió proteger a Oyarbide: él tiene impunidad con el gobierno y viceversa”.