Un dictamen del tribunal de cuentas de Uruguay puso en duda la actuación de funcionarios argentinos en la obra conjunta que llevaba a cabo con Argentina para la obra de dragado del Canal Martín García y acto seguido el gobierno de Cristina Fernández decidió paralizar la licitación abierta para la limpieza, realizada por una empresa extranjera.

Desde el Uruguay rechazaron esta medida. “Estamos muy comprometidos con esa obra, a corto plazo, porque habilita el paso de barcos por esa zona”, enfatizó la diputada nacional del Uruguay por el Frente Amplio, que lidera el presidente José Mujica, María Elena Lagurnaga.

La legisladora también hizo hincapié en el perjuicio político que acarrea la paralización de las obras. “El gobierno uruguayo hace enormes esfuerzos para generar un clima de integración regional”, dijo.

En ese sentido, Lagurnaga advirtió que los partidos tradicionales de oposición “cuestionan todo el tiempo que somos débiles frente a Argentina y hacen de eso su bandera política”.

El informe. “Lo que hace la cancillería envía al tribunal de cuentas las memorias de las negociaciones, eso no llega a la prensa”, sostuvo la diputada uruguaya, quien recordó que la prensa de su país denunció que “la prórroga de la licitación era intencional” por parte de Argentina.

Más temprano, el presidente Mujica habló de la decisión argentina de suspender las actuaciones en torno al dragado y afirmó: “si me tengo que tragar sapos y culebras por la gente, lo hago”.