El Poder Ejecutivo Nacional formalizó a través de un aviso oficial la propuesta de designación del jurista Roberto Manuel Carlés, de 33 años, para ocupar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el lugar que dejó vacante Eugenio Raúl Zaffaroni con su renuncia en diciembre pasado. En ese marco, el gobierno nacional destaca que el joven jurista nació el 17 de septiembre de 1981 en el partido bonaerense de Morón y es abogado, con orientación en Derecho Penal y recibido con diploma de Honor en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

También menciona que es Doctor en Derecho de la Università degli Studi di Ferrara y Doctor en Ciencias Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, en el currículum de Carlés se subraya su desempeño como coordinador de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación; así como también como secretario adjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (2011-2013 y 2013-2015) y como presidente del Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal (2014-2019).

Se trata de un discípulo del exministro Eugenio Zaffaroni, con cercanía al papa Francisco. Por Continental, el senador radical Mario Cimadevilla ratificó que la oposición ya tiene "posición tomada y vamos a respetar el compromiso opositor plasmado en un documento con la firma de 29 senadores nacionales. A los 33 años, además de conocer de Derecho, hay que conocer de la vida, y no sé si es el caso", argumentó. Nos vamos a reunir el día martes para definir en Senadores. Pero yo creo que se necesita un escenario político distinto al actual para elegir a un juez de la Corte", postuló en La Mirada Despierta. 

Según la ley, el Ejecutivo tiene un plazo de 30 días tras la renuncia de un miembro del máximo tribunal para proponer públicamente el pliego de su posible sucesor. Desde el oficialismo, muchos consideran que la pretensión opositora de "congelar" los nombramientos en la Corte hasta que haya un nuevo jefe de Estado es un acto pasible de sanción legal por sedición y una clara violación de la Constitución.