Un grupo de eurobonistas apeló el fallo del juez Thomas Griesa por el cual se impide el pago de los servicios de sus bonos restructurados, al tiempo que el Citigroup hizo lo propio y el fondo NML Capital confirmó que fracasaron las negociaciones con bancos privados.

El grupo de tenedores de bonos en Euros hizo la presentación ante una corte de Manhattan y tanto su pedido como el recurso presentado por el Citigroup serán expuestos el próximo 18 de septiembre.

De esta manera, la justicia de los Estados Unidos hizo lugar a una revisión del fallo del juez Griesa que impedía al Bank New York Mellon hacer pagos a tenedores de bonos de la deuda restructurada si no se pagaba la sentencia a los holdouts.

Griesa había autorizado por única vez al Citigroup el pago de servicios e intereses de unos bonos porque no se podía determinar si estos correspondían a bonistas o eran aquellos destinados a la cancelación de la expropiación de Repsol.

En el caso de los eurobonistas, el magistrado mantiene el interdicto a pesar de que los abogados europeos sostienen que esos bonos se rigen por legislación europea y fuera de la competencia de Griesa.

Por su parte, el fondo de inversión NML Capital comunicó hoy que las negociaciones con un grupo de bancos privados no prosperaron porque "no hubo una propuesta satisfactoria".

El fondo informó que las negociaciones se cayeron por problemas de garantía vinculada al rescate de los bonos por parte de la Argentina.

"El gobierno argentino no asegura que esos bonos puedan ser rescatados y eso complicó la operatoria", dijo NML.

Esto se suma al fracaso de las negociaciones que encaró el fondo de inversión Aurelius con entidades financieras privadas.

Este fondo dijo que "no recibió ninguna propuesta realista en las conversaciones que mantuvo con varias instituciones financieras privadas para terminar con el conflicto con la Argentina", con porcentajes que rondaría 40% del valor nominal.

En tanto, la Cancillería informó que "el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobó ayer por unanimidad en su sesión ordinaria que tuvo lugar en Ginebra una decisión en la que denunció que "la Argentina había sido objeto en agosto de 2014 de un ataque de especuladores llamados fondos buitres" y señaló que "esos fondos buitres violan el derecho de los pueblos al desarrollo así como los derechos económicos y sociales de los ciudadanos de los países afectados".

En un comunicado, el Palacio San Martín subraya que "el Comité Asesor recomendó al Consejo Derechos Humanos realizar una investigación profunda sobre las actividades de los fondos buitres".