“No vengo con ninguna intención política. No soy oficialista, no soy opositora. Asisto a este espacio por invitación para abordar dos temas: la necesidad de la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal y la actualidad social y política que transitamos después de la muerte de Nisman”, comenzó Sandra Arroyo Salgado su alocución ante legisladores de la oposición que convocaron a una audiencia pública en el Congreso.
 
“La búsqueda de la verdad constituye una política de Estado y creo que el Congreso es el ámbito natural para el debate de proyectos en tal sentido”, agregó.
 
“Es un momento difícil para mí. Paradójicamente, ocupo un espacio en el que debía haber estado Nisman para exponer el contenido y alcances de una denuncia que ponía en tela de juicio el rol del Estado nacional en materia de terrorismo”, destacó Arroyo Salgado.
 
Y recordó: “Fui distinguida y designada por elección del gobierno kirchnerista y mi aporte transita en reflexiones: En nada colabora el juicio de valor desde cualquier ámbito en una investigación incipiente de un hecho que ocurrió hace menos de un mes. Todo esto interviene la labor del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”.
 
Arroyo Salgado pidió “actitudes responsables, éticas y respetuosas” del trabajo del Poder Judicial. También pidió un tratamiento similar del caso de la muerte de Nisman a los medios de comunicación.

La jueza de San Isidro también confirmó que le pidió personalmente a la fiscal Viviana Fein y a la magistrada a cargo de la muerte de Natalio Alberto Nisman que se ajusten a la Constitución y al sumario que requiere una investigación penal y “criminal”.
 
Se refirió a “la desmedida e inusitada publicidad de las pruebas” lo que “contribuya a alejarnos a la verdad”. En ese sentido, recordó que los sumarios "sólo son públicos para las partes".

Por último, la jueza federal de la Nación en San Isidro informó que solicitó a la Defensoría General de la Nación brindar “patrocinio” a la familia del ex fiscal para denunciar el caso de su muerte “ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” y que “un veedor” internacional siga de cerca la investigación como ocurrió con el juicio por el atentado a la AMIA.