El tribunal reprochó las "decisiones caprichosas" adoptadas por Oyarbide en el marco de la causa, que ya lleva tres años de tramitación sin avances, informaron hoy fuentes judiciales.

Los jueces de la Sala I de la Cámara -Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler- rechazaron también una declaración de "incompetencia" mediante la cual Oyarbide pretendía remitir el expediente a la Justicia federal de San Isidro.

La causa se inició en 2011, cuando en el marco de un juicio oral por delitos de lesa humanidad Victoria Montenegro denunció que Romero Victorica tenía relación con su apropiador, el fallecido coronel Germán Tellzlaff.

"Cabe destacar que la adopción de decisiones caprichosas por parte del titular de de Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 (Oyarbide) ha sido evidenciada con anterioridad por este tribunal", criticó la Cámara al juez al quitarle el expediente.

La Sala I ya apartó a Oyarbide de otros expedientes por anomalías en su tramitación con fuertes críticas a su actuación.

En agosto del año pasado, la Cámara le sacó a Oyarbide la investigación contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo porque entendió que violó el derecho de defensa de los acusados al no precisarles las imputaciones en su contra.

Lo mismo hizo en octubre, cuando lo apartó del expediente por presunto lavado de dinero en pases de jugadores de fútbol porque, según dijo la Cámara, actuó con un "grave y preocupante desapego a las reglas que rigen el procedimiento penal".

Esta nueva causa se inició en 2011 cuando Montenegro declaró en el juicio por su apropiación que Romero Victorica mantenía informado a Tellzlaff sobre cómo avanzaba la causa judicial en su contra que tramitaba el ex juez federal de San Isidro Roberto Marquevich.

Oyarbide tramitó la causa durante tres años en los que tomó declaraciones a testigos, pero luego se declaró incompetente para seguir investigando y dictaminó que debía continuar en la Justicia federal de San Isidro.

El fiscal federal Jorge Di Lello y el defensor oficial Juan Martín Hermida apelaron la decisión de Oyarbide y ahora la Cámara lo apartó del expediente.