Las oficinas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica Edenor y Edesur fueron allanadas hoy en el marco de una causa penal por los prolongados cortes de luz que sufrieron varios barrios de la Capital Federal entre diciembre y enero pasado.

Las diligencias en busca de pruebas fueron ordenadas por el juez federal Luis Rodríguez a pedido del fiscal Ramiro González, a fin de tener acceso a los libros de ambas compañías, informaron fuentes judiciales.

En los documentos de directorios, asambleas, registro de acciones, inventarios, balances y compras se buscan datos sobre el uso dado por esas empresas a los subsidios recibidos de parte del gobierno nacional.

Las investigación se orienta a determinar si los prolongados cortes en el momento de la peor ola de calor de las últimas décadas fue producto de un sabotaje y sobre cómo invirtieron las empresas los subsidios que recibieron de Estado.

La fiscalía también pidió investigar el desempeño de las dependencias estatales encargadas de la relación y el control de la prestación del servicio eléctrico en el área metropolitana.

Además de los libros secuestrados, el juzgado ya tiene a disposición datos elaborados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre las composiciones accionarias, en tanto aguarda que las autoridades nacionales remitan los informes solicitados en torno al tema.