Lo había dicho la propia Cristina: “Será el primer caso de aplicación de la ley Antiterrorista” para la empresa gráfica Donnelley. firma que pidió la quiebra y dejó en la calle a 400 trabajadores.

Pero tras el anuncio de la Presidenta, ahora anuncian que no le aplicarán la ley Antiterrorista a Donnelley sino la de delitos económicos.

Alejandro Vanoli, titular de la CNV; “la denuncia a Donelley tiene que ver con la ley de delitos económicos". 

El Gobierno dio marcha atrás esta mañana con su decisión de aplicar la ley antiterrorista contra la empresa gráfica Donnelley, de origen estadounidense, luego de la dura controversia que generó en el ámbito empresario y en el político y aclaró que la denuncia realizada en los tribunales apunta a investigar una "quiebra fraudulenta".

La aclaración, fue realizada hoy en una entrevista radial por el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, quien adjudicó la mención de la ley antiterrorista a "una confusión".

"Creo que se derivó una confusión, a partir del uso «antiterrorista». La denuncia que estaría haciendo la AFIP es por «quiebra fraudulenta». Como derivación de esa denuncia, se podría llegar a aplicar el artículo 309 del Código Penal, que pena los ley de delitos económicos. Lo que pasa es que esta ley fue aprobada en conjunto con la ley antiterrorista, de ahí se deriva la confusión", dijo el funcionario. "No tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo", afirmó.

La aclaración de Vanoli llega el mismo día en que la oposición en el Congreso buscará firmar hoy un dictamen para derogar la ley, que ya se sancionó en medio de una fuerte polémica. La ofensiva la encabezará la diputada Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Legislación Penal. Pese a la iniciativa, la oposición no conseguiría los números necesarios en el recinto para derogar la ley.

En su discurso por cadena nacional, Cristina Kirchner acusó el jueves pasado a Donnelley de "alteración del orden económico y financiero" por declararse en quiebra y perjudicar a más de 400 trabajadores y justificó su decisión de denunciarlos penalmente. La jefa de Estado vinculó a los dueños de la imprenta de capitales norteamericana con los fondos buitre y alertó que pretendían poner al Gobierno "de rodillas".