La organización armada tendría "reservistas" escondidos en países donde la persecución antiterrorista es menor. El Estado del caudillo bolivariano está entre ellos, según afirmó un prestigioso medio español.

De acuerdo a la Policía Nacional española, ETA mantendría una línea de activistas, que reuniría a los veteranos con los jóvenes reclutados del terrorismo callejero, útiles “para paliar las deficiencias operativas (…) en momentos puntuales y en zonas determinadas”.

A su vez, señala que los veteranos realizan “importantes labores de adiestramiento y asesoramiento”, informa el diario El País.

Chávez y la ETA

El gobierno venezolano indemnizó en 2006 a los etarras Sebastián Etxaniz y Juan Victor Galarza por 350.000 euros, como compensación por haber intentado extraditarlos en 2002 a España. A su vez, ofreció nacionalizar a cuatro integrantes más del grupo armado como garantía para que no pudieran ser expulsados.

Asimismo, el vicepresidente venezolano en ese momento, Vicente Rangel, planteó que no tenía “objeciones” ante la posibilidad que terroristas se alojarán en el país dado que “no han incurrido en ningún delito”.

Otro caso llamativo es Arturo Cubillas, buscado por tres asesinatos en España y líder de un comando de ETA durante los ochenta, fue Director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras venezolano.

Pero no termina aquí. Su esposa, Goizeder Odriozola, también etarra, cumplió funciones ejecutivas en el gobierno chavista como Directora general encargada de la Oficina de Información y Relaciones Públicas del mismo Ministerio.

Varios analistas señalan que la organización terrorista ha encontrado en la política del gobierno chavista un ambiente propicio para refugiar allí a sus militantes. Por ejemplo, el caudillo caribeño no responde a los pedidos de cooperación en temas de seguridad que le pide España.

Lamentablemente, sumando estas informaciones a las denuncias realizadas por el Presidente colombiano respecto de una situación similar con terroristas de las FARC, el gobierno de Venezuela debería entender que la lucha contra el terrorismo no es una cuestión ideológica sino un tema de seguridad que también afecta a los venezolanos.