El Gobierno uruguayo y el directorio de la aerolínea Pluna , que el pasado jueves anunció la suspensión de sus actividades, presentarán este lunes el proyecto de ley que habilitará la liquidación de la compañía y despejará las dudas sobre el futuro del mapa de la aeronavegación comercial en el país.

El plan, del que oficialmente no se conoce nada pero que ha dado pie a numerosos trascendidos de prensa en Uruguay, buscará establecer que la liquidación de la empresa pueda contar con una "condición especial" en la Ley de Concursos que habilite "el aceleramiento de la subasta de aviones y líneas aéreas" e incluir además alguna medida de ayuda a los trabajadores de Pluna.

Aparentemente, los bienes de Pluna, particularmente los siete aviones Bombardier CRJ que tiene en propiedad, serán subastados en unos 30 días al mejor postor con la idea de recaudar unos 150 millones de dólares para pagar a los acreedores de la empresa y a los exfuncionarios. Al mismo tiempo, se otorgará ese lapso de tiempo para permitir que lleguen aerolíneas extranjeras interesadas en comprar los bienes o en instalar una nueva aerolínea en Uruguay.

Una de las mayores dudas con respecto al proyecto del Ejecutivo será si el Estado participará o no en la propiedad de una nueva aerolínea uruguaya. Además de los aviones, el Ejecutivo rematará las rutas de vuelo que operaba la aerolínea con la que unían Uruguay con Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, entre ellas el concurrido puente aéreo Montevideo-Buenos Aires.

Mientras se repara el plan, la mayor preocupación de la aerolínea y el Gobierno fue solucionar la situación de los viajeros varados por su suspensión, unas 80.000 personas al principio del fin de semana.

Otro de los debates suscitados en Uruguay se da en torno a la noticia de que la decisión del cierre se debe a la existencia de juicios desarrollados en Brasil por ex empleados de Varig -aerolínea quebrada socia de Pluna en los años 90- que exigen millonarias indemnizaciones a la compañía uruguaya como socio superviviente de aquella alianza.

De perder estos juicios, el Estado oriental debería pagar hasta 3.500 millones de dólares en indemnizaciones y por eso convendría liquidar la compañía lo antes posible, según publicaciones periodísticas de la hermana república. Sin embargo, varios representantes de los partidos opositores comenzaron a dudar de esta versión y negaron que la indemnización que tuviera que pagar Pluna fuera tan elevada, por lo que señalaron que el Gobierno podría tener "otras razones" para el cierre de Pluna.