En Uruguay fue sancionada la ley que grava el latifundismo, largamente pedida por el presidente José “Pepe” Mujica. En su última sesión del año, la Cámara alta oriental sancionó el impuesto a la concentración de inmuebles rurales.

Tributarán por ella los propietarios de más de dos mil hectáreas de campo, con el fin de desalentar la concentración de tierras, tanto en manos extranjeras como uruguayas.

La nueva norma impactará en alrededor de mil quinientos de los más de cincuenta mil productores que tienen un tercio de las diecisiete millones de hectáreas cultivables del territorio de esa nación. Entre ellos se cuentan once de los treinta y un senadores.

El Gobierno uruguayo estima que con ello recaudará unos sesenta millones de dólares anuales.