Unos 50 estudiantes fueron detenidos durante el desalojo del vicerrectorado de la Universidad Complutense de Madrid, en el marco de una huelga de 48 horas convocada en España en defensa de la educación pública y contra la reforma educativa del gobierno de Mariano Rajoy. La Jefatura Superior de Policía indicó que la intervención en la Universidad Complutense se produjo a pedido de las autoridades del centro educativo, quienes denunciaron incidentes cuando estudiantes levantaron esta mañana barricadas y quemaron contenedores en las puertas de la casa de altos estudios.

Por su parte, las autoridades lamentaron que "las acciones de grupos minoritarios e intolerantes resten visibilidad a la legítima expresión del descontento y de las reivindicaciones estudiantiles". La Universidad Complutense de Madrid explicó en un comunicado que llevaban "una semana de diálogo infructuoso con las personas que ocupaban el edificio de estudiantes" desde el pasado 20 de marzo.

"Ante el deterioro de las condiciones de seguridad y salubridad", que han impedido el acceso a sus puestos de trabajo a personal de la universidad, se ha decidido hoy restablecer las normales condiciones de funcionamiento y accesibilidad", señalaron. En tanto, el Sindicato de Estudiantes aseguró que la huelga convocada en la enseñanza secundaria y en las Universidades está teniendo, en su primera jornada, un seguimiento que supera el 80% en todo el Estado español.

Las nuevas jornadas de lucha culminarán mañana con manifestaciones en varias ciudades de España. Los estudiantes llevan varios meses protestando contra la "ley Wert", como se conoce la resistida reforma del ministro de Educación español, José Ignacio Wert, aprobada de forma definitiva el 28 de noviembre pasado.

Además de la derogación de la ley, los estudiantes, apoyados por profesores, padres, sindicatos y partidos de izquierda, reclaman también la renuncia del ministro. Izquierda Unida (IU) apoya la lucha de los estudiantes contra una ley que ya tiene varios recursos de inconstitucionalidad, así como "la defensa de los estudiantes de la educación pública" y "el rechazo a los recortes en el sector educativo, mientras se destinan millones de euros para rescatar a los causantes de la crisis".

En términos generales, la nueva ley consolida los recortes en educación –en torno a los 6.000 millones-, un modelo basado en criterios mercantilistas y reincorpora elementos de la enseñanza franquista como la religión católica y la homogenización lingüística. El Partido Popular (PP) implementó una subida de las tasas universitarias y cambió el sistema de repartos de becas, entre otras modificaciones.

Se trata de la séptima reforma educativa en 37 años de democracia y, según el gobierno de Rajoy, pretende mejorar la calidad de la enseñanza y enfocarla a la empleabilidad de los jóvenes. La oposición política, por el contrario, considera que es una ley ideológica y retrógrada, y prometieron que no sobrevivirá al gobiernos el PP.