La polémica ley de comunicación , aprobada en Ecuador hace siete meses, apuntó anteayer a sus primeros blancos: el caricaturista Javier Bonilla y el diario El Universo, que tendrá que pagar una multa equivalente al 2% de su facturación promedio del último trimestre por publicar un dibujo que "tergiversa la verdad".

Bonilla, conocido como "Bonil", tiene 72 horas para rectificar el texto que acompaña a la caricatura que publicó el 28 de diciembre pasado en El Universo.

La caricatura narra el allanamiento al departamento del periodista Fernando Villavicencio, quien es asesor del asambleísta de la oposición Cléver Jiménez. En la leyenda del dibujo se lee: "Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción" (ver aparte).

La mira de la justicia se posó sobre Villavicencio y Jiménez luego de que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, los acusara de hackear durante meses su cuenta de mail y el de otras dependencias del gobierno.

Según la Superintendencia de Comunicación, el texto de la pieza humorística no corresponde a la "realidad de los hechos" y "estigmatiza" la acción de las autoridades. "No es lo mismo deformar las facciones de una persona o una cosa, que inventarse la narración gráfica de algo que nunca sucedió en realidad'', dijo en una conferencia de prensa Carlos Ochoa, superintendente de la Información y la Comunicación.

Bonilla deberá rectificar la publicación en 72 horas, con las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio y sección.

En tanto, El Universo deberá pagar una multa por no "abstenerse de tomar una posición institucional'', explicó Ochoa.

El Universo y sus directivos perdieron en febrero de 2012 un juicio millonario por injurias en un artículo de opinión contra Correa, que finalmente decidió perdonarlos.

El caso de "Bonil" trascendió por la mención que hizo Correa en su informe de actividades del 4 de enero pasado. En el espacio La canallada de la semana tachó a "Bonil" de "sicario de tinta y enfermo", y amenazó con aplicar la ley de comunicación.

La sanción a la caricatura de Bonilla es el primer caso que resuelve públicamente la Superintendencia de la Información y Comunicación, basándose en la ley de comunicación que fue aprobada en junio de 2013.

La polémica norma, llamada "ley mordaza" por la oposición, estableció como delito la publicación reiterada de informaciones que sean entendidas como "un intento de desprestigio". También creó la Superintendencia de la Información y Comunicación, que se encarga de la "vigilancia, auditoría, intervención y control", y que tiene capacidad de sancionar a los medios de comunicación. La norma fue dscripta por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como "uno de los retrocesos más graves en libertad de expresión de la historia reciente de América latina".