Apenas uno de cada cuatro trabajadores en el mundo tiene un empleo estable, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las otras tres cuartas partes sobreviven con empleos temporarios o contratos de corto plazo, trabajan de modo informal o en forma independiente o, lamentablemente, engrosan la infausta legión de desempleados. La precariedad laboral aguijonea en el planeta con mayor rigor que en otros tiempos, sobre todo después de la crisis global de 2008. Demanda débil de trabajadores y crecimiento lento de oportunidades han sido una constante desde entonces.
La enorme brecha entre pudientes y no pudientes, así como entre el salario de un hombre y el de una mujer, tocó techo tanto en los países desarrollados como en los emergentes. En los 34 enrolados en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el 10 por ciento de las personas más ricas gana 9,6 veces más que el 10 por ciento de los más pobres. Esa proporción era de 7,1 veces en la década del ochenta y de 9,1 veces a comienzos del siglo XXI. Ha ido en aumento. Desde la última crisis, el ingreso medio global se redujo un 11 por ciento y los ingresos más altos treparon un siete por ciento.
Más de la mitad de los empleos que se crearon entre 1995 y 2013 son de tiempo parcial. En América latina, Chile encabeza el ranking de la desigualdad. ¿Deben limitarse los salarios? Suiza, que somete a referéndum casi todas las iniciativas populares, dijo que no. La propuesta 1:12, por la cual el salario máximo de una empresa no podía superar 12 veces al salario menor, fue rechazada por el 65 por ciento de la gente.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) atribuyó a la creciente brecha salarial el aumento de la desigualdad. “Por cada 10 por ciento que aumenta la brecha salarial, la desigualdad medida por el coeficiente Gini (el sistema más extendido) sube un nueve por ciento”, concluye uno de sus informes.
Los bajos salarios o los trabajos mal remunerados son, en el fondo, un subsidio encubierto para las empresas. El Estado no sólo debe cubrir las necesidades de aquellos que no consiguen empleo, sino, también, las de aquellos que cobran tan poco y en forma tan irregular que hacen equilibrio sobre la delgada cuerda del umbral de la pobreza. La política y la economía, antes rivales, están más ligadas que nunca por los desequilibrios del capitalismo con la enorme transferencia de recursos al sector privilegiado.
En los Estados Unidos, la desigualdad creció durante el gobierno de Ronald Reagan, embarcado en la desregulación de los mercados y las rebajas de los impuestos, y continuó durante el de Bill Clinton. De la gran recesión provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria sólo el uno por ciento salió ileso. La clase media, como también ocurrió en Europa, quedó varios escalones debajo. De ahí el éxito mundial del economista francés Thomas Piketty, cuyo libro El capital en el siglo XXI centra la causa de la desigualdad en la acumulación de rentas de capital que crecen más rápidamente que la economía. Eso ahonda la grieta entre la clase media y los más ricos.
Las empresas suelen premiar a una minoría que, al margen de sus méritos, gana mucho más que el resto de sus empleados. Eso también se traduce en los índices de desigualdad, habitualmente dedicados a la disparidad entre los países. Era razonable el referéndum suizo de 1:12, más allá de que haya sido rechazado por una amplia mayoría. Curiosamente, esa gran porción de la ciudadanía se sintió molesta cuando el Estado debió rescatar a los bancos para pagarles montos siderales a sus directivos en concepto de premios, vacaciones y otros privilegios.
Lo resume con todas las letras Moisés Naím: “La automatización que elimina empleos, las crisis que llevan a una caída de los salarios, sistemas de salud o educativos deficientes, la captura del gobierno por una elite política o empresarial que se las arregla para distorsionar las políticas oficiales a su favor o, simplemente, la corrupción desenfrenada son tan solo algunos de los factores que pueden agravar la desigualdad”. Esos factores inciden, a su vez, en la necesidad de reducir los costos con la precariedad laboral como consecuencia inmediata, ahondando la desigualdad y depreciando los salarios. Un círculo vicioso, poco virtuoso.
 
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