La Cámara ratificó -con un fallo unánime de sus miembros-, la resolución de un juez de primera instancia que intimó a los docentes a acatar la conciliación, en el marco del paro que, según autoridades locales, tiene una adhesión dispar del 40 por ciento.

El titular de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac), Pedro Muñoz, confirmó a la prensa que la pasada medianoche recibió la notificación del fallo en la sede gremial, mientras se resolvía la toma del edificio que horas antes habían realizado grupos que se identificaron como "alumnos y padres", en reclamo de la normalización del ciclo lectivo.

La Adosac, principal gremio docente de Santa Cruz, y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), que el 28 de febrero iniciaron las clases con un paro en reclamo de un aumento salarial del 50%, rechazaron ofertas del 20, el 23 y el 25%.

Aunque los dirigentes aseguraron que están dispuestos a bajar sus pretensiones, se niegan a hacerlo en el marco de la conciliación obligatoria dictada el 2 de mayo por la Secretaría de Trabajo.

Los sindicatos consideran que esa medida es "ilegítima" porque no se agotaron las instancias de diálogo previas y cuestionan que no los convocaron a paritarias, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

Los gremios niegan que exista la "urgencia" alegada por la Fiscalía de Estado para aplicar la conciliación obligatoria ni "peligro inminente o de difícil reparación, dado que los días de clases se pueden recuperar", porque esa situación "ya se ha repetido en otros ciclos lectivos".

Las medidas de fuerza prolongadas de los docentes santacruceños tienen antecedente en las huelgas de 2007 y 2009, precisamente dos años de elecciones.

El gobierno, que cerró el resto de las negociaciones en el 25% salvo para la administración central, que recibió el 30 por ser el sector más rezagado, sostuvo que no puede ofrecer más y aseguró que el sueldo de $4.700 de bolsillo para el maestro de grado con dedicación simple y sin antigüedad, es el más alto del país para los docentes.

Los maestros tienen además en la provincia una jubilación promedio de $8.200 -el 82% móvil-, a la que acceden entre los 45 y 48 años.

Ante una medida "autosatisfactiva" planteada por la Fiscalía de Estado para garantizar los 180 días de clases previstos en la ley 25.864, el mes pasado el juez en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Carlos Arenillas, intimó a los sindicatos a acatar la conciliación, les impuso una multa de 1.000 pesos diarios y les advirtió de acciones penales por "desobediencia", medida que fue recurrida por ambas entidades.

El magistrado citó luego a las partes para escuchar sus argumentos, que expusieron Muñoz, el titular de la AMET, Raúl Robles, y el fiscal de Estado, Carlos Ramos, y luego giró el expediente a la Cámara de Apelaciones, donde el viernes a la mañana hubo una audiencia similar en la que todos explicaron su posición.

Anoche, en un fallo unánime, los camaristas René Fernández, Marcela Topcic, Cecilia Cambón y Ricardo Camutti, rechazaron los recursos planteados por los sindicatos y dispusieron que las negociaciones se realicen en el marco de la normativa legal vigente.