En un comunicado, las entidades judías señalaron que "la única oferta de cooperación que se puede aceptar de la República Islámica de Irán es que los imputados por la justicia vengan a nuestro país a prestar declaración indagatoria".

Esas indagatorias en la Argentina, dijeron, estarán "amparadas por el estado de derecho y por todas las garantías del debido proceso que brindan la Constitución Nacional y nuestra leyes".

DAIA y AMIA aseveraron que "el tiempo transcurrido ha puesto de manifiesto que la contraparte Iraní -también negadora del Holocausto - no ha demostrado voluntad alguna de avanzar a pesar de los requerimientos que en tal sentido fueron formulados por la Argentina".

"En nuestro carácter de víctimas del atentado a la AMIA, seguiremos ejerciendo todas las acciones judiciales pertinentes en nuestro país y, de corresponder, en la justicia internacional para que este atentado no quede impune", advirtieron los titulares de la DAIA, Julio Schlosser; y de la AMIA, Leonardo Jmelnitzky.

Las entidades judías hicieron saber que reiteran todo el apoyo "a la justicia argentina en todos sus estamentos - en particular al juez (Rodolfo) Canicoba Corral y al fiscal (Alberto) Nisman - y en la seriedad de su tarea puesta de manifiesto en los expedientes judiciales, en los que continuaremos planteando la inconstitucionalidad del Memorándum".

El fiscal Nisman, a cargo de la unidad especial que investiga la masacre de la AMIA, había dictaminado por la inconstitucionalidad del acuerdo firmado entre Argentina e Irán.

Pero en diciembre pasado el juez Canicoba Corral rechazó un amparo para frenar la aplicación del Memorándum por considerar "improcedente", ya que el acuerdo todavía no había entrado en vigencia.

Además, Canicoba Corral hizo saber que él es la única autoridad con potestad de dejar sin efecto las capturas internacionales ordenadas y la suspensión o cese de alertas rojas solicitadas, siempre que se den los supuestos legales.

De esta manera, la justicia ratificó que siguen vigentes las ordenes para detener a los ex diplomáticos iraníes que están sospechados de haber planificado la masacre que el 18 de julio de 1994 se cobró la vida de 85 personas en las inmediaciones de la sede de la AMIA, en Pasteur 633.

"Pronto a cumplirse veinte años del atentado a la Sede de la AMIA, seguiremos honrando a los muertos exigiendo la justicia que merecen", añadieron.