Desde Loncopué, el fiscal general de Tucumán y especialista en delitos medioambientales, Gustavo Antonio Gómez, se refirió a la solicitada del Instituto del Petróleo que salió en un matutino porteño, en la que se refiere el convenio YPF-Chevrón y afirma que está contemplado el cuidado del medio ambiente.

“Estas instituciones tienen intereses creados, lamento que se dé información errónea”, subrayó.

“Se proyectan 1.500 pozos de fracking que consumirán unos 40 millones de litros de agua que vuelven a la superficie toda contaminada; eso en sí mismo ya configura un delito ambiental”, señaló.