Para dictar un decreto que preserve la libertad de expresión, Mauricio Macri se basó, además de la Constitución Nacional, los reglamentos establecidos en la Convención de la OEA. “El fundamento es sustentable y adecuado”, señaló el abogado constitucionalista, Dr. Andrés Gil Domínguez.

“La gran mayoría de las constituciones de la República Argentina, entre ellas la de la provincia de Santa Cruz, prohíben que autoridades nacionales o provinciales confisquen o se apropien de todos esos bienes que posibilitan la producción de los servicios de comunicación audiovisual”, remarcó el letrado.

Gil Domínguez precisó que “la intervención también es una forma de apropiación de esos bienes”.

En ese sentido, dijo, el proyecto para expropiar Papel Prensa “es inconstitucional y choca con una norma local asentada también en el Pacto de San José de Costa Rica”.

La Ley de Medios, en tanto, “regula ámbitos interprovinciales”.