El Gobierno, a través del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, ha decidido apelar la suspensión del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente Javier Milei. El argumento principal es que el tema es competencia del fuero contencioso administrativo federal y no del fuero laboral, como sostuvo el fiscal del fuero del trabajo Juan Manuel Domínguez. Barra insistirá en que el fuero de atracción en estos casos es el contencioso administrativo federal, donde se tramitan juicios contra el Estado, y reclamará la vigencia del DNU 70/2023.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había dictado una medida cautelar que suspendía la aplicación del capítulo laboral del DNU, una decisión que el Gobierno busca revertir apelando a la competencia del fuero contencioso administrativo federal. En caso de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal acepte la competencia del caso, podría surgir un conflicto con la Cámara del Trabajo, y la Corte debería decidir a qué fuero le corresponde el expediente.

La suspensión del DNU implica la paralización de algunas modificaciones en materia laboral, como la ampliación del período de prueba hasta los 8 meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones. Asimismo, en materia de convenciones colectivas de trabajo, el DNU establece que la materia "solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue". Este es el panorama judicial y laboral actual en relación al DNU del presidente Milei y la apelación por parte del Gobierno.