El senador kirchnerista Aníbal Fernández reconoció que es una persona que "conoce mucho de armas", admitió que tuvo "una escopeta, una pistola y un revólver" y contaba con autorización como "legítimo usuario", pero aclaró que los "regaló" cuando estuvo en el Gobierno y anunció el Plan Nacional de Desarme.

"Soy alguien que conoce mucho de armas. He decidido, hace unos años, cuando pusimos en marcha el plan de desarme, prescindir de ellas, las regalé", contó, en diálogo con "Magdalena Tempranisimo" en radio Continental . "Sí, tenía armas, dí de baja mi condición de legítimo usuario", agregó.

Fernández dio detalles: relató que tenía una escopeta de caza, una pistola que le habían regalado y un revólver de dos tiros que también le habían regalado. "No compré nunca armas, me saqué el gusto cuando empezamos el plan de desarme de regalarlas", sostuvo.

Además, el senador del Frente para la Victoria defendió al flamante ministro de Seguridad bonaerense e intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, quien había reivindicado la tenencia de armas para defensa personal, aunque se diferenció: "Las familias armadas son uno de los problemas más severos que enfrentan los que tienen responsabilidad" en materia de seguridad.

La Ley

El Senado dio media sanción al proyecto que prevé penas de prisión a los usuarios de la trata de personas con fines sexuales. De acuerdo con la edad de la víctima, la condena puede llegar a los 15 años. Ahora la iniciativa debe ser tratada por la Cámara de Diputados.

La pena puede ir de cuatro a quince años de prisión, según la edad de la víctima. La recibirán quien “utilice o procure servicios sexuales de una persona sabiendo o debiendo saber que es una víctima de trata de personas”. El texto prevé que quien “utilice o procure servicios sexuales de una persona sabiendo o debiendo saber que es una víctima de trata de personas será penado con prisión de 1 a 4 años”.

Las penas serán de 4 a 6 años de prisión cuando el cliente se valga de abuso de autoridad, amenaza o como recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima; cuando sea ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima. La misma pena les cabría a los clientes que fueran funcionarios públicos o miembros de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria, resumió Fernández en Magdalena Tempranísimo.

“Cuando la víctima fuera menor de 18 años, la pena será de 5 a 10 años de prisión” y si la víctima es menor de 13, “la pena será de 6 a 15 años de prisión”, enfatizó el senador, quien también se manifestó en contra de bajar la edad de imputabilidad, así como de crear policías municipales, que, subrayó, "generaría muchas más complicaciones que soluciones".

Entre 2008 y principios de 2013, agregaron, fueron rescatadas 4321 víctimas: 169 en 2008, 439 en 2009, 569 en 2010, 1576 en 2011 y 1568 en 2012.